Es evidente la formación para los desempleados en España no ha alcanzado sus objetivos en los últimos años. El esfuerzo legislativo y la mejora de las prácticas de gestión, tanto del SEPE como de los SPE autonómicos, se han dirigido más hacia el control del gasto y el seguimiento administrativo de las acciones formativas que hacia el cumplimiento de objetivos de aprendizaje y empleabilidad de los desempleados para lograr una pronta inserción laboral.

No existen objetivos concretos conocidos y asignados a cada Servicio Público de Empleo respecto de la formación de los desempleados, ni en cuanto a su inserción, ni en cuanto a ningún otro resultado medible en relación con su empleabilidad (obtención de competencias clave, obtención de certificados de profesionalidad, etc.). Tampoco se ha producido una segmentación de los desempleados, asignando objetivos específicos atendiendo a las necesidades formativas absolutamente diferentes en sus distintos grupos más significativos: demandantes sin cualificación inicial, desempleados titulados, demandantes de larga duración, o cualesquiera otras que pudieran establecerse.  Ni siquiera puede decirse que la formación ofrecida a los desempleados haya paliado las carencias de cualificación claramente observables en determinados grupos de trabajadores desempleados, como los que carecen de cualificación inicial o competencias básicas (1,6 millones según la EPA, de los que solo el 0,7% participa en la formación), los desempleados de mayor edad, que apenas participan en un 3% en la oferta formativa, o los desempleados de larga duración, para quienes no existen acciones formativas específicas, por poner solo tres ejemplos significativos.

Recuperar la formación como primera política activa de empleo, integrando los planes de formación para los desempleados en la nueva estrategia de empleo y, por tanto, incorporando su reforma a la más amplia de las políticas activas de empleo. La formación debe enmarcarse definitivamente en el itinerario profesional de cada trabajador: información -> orientación -> formación -> inserción-empleo. En este sentido, la formación para desempleados, debe estar presente en el proceso de reforma de las políticas activas de empleo, puesto que, al igual que el resto de las políticas activas, debería incorporar criterios de flexibilidad, adecuación al territorio y adaptación a las circunstancias concretas de cada colectivo de desempleados.

El número de trabajadores desempleados que reciben formación cada año es escaso y la tasa de cobertura es insuficiente. La formación para el empleo debe fijarse también un objetivo cuantitativo global: incrementar de forma sustancial la tasa de cobertura de los desempleados formados anualmente, que no debería ser inferior al 20%. Este objetivo, si se pretende acompañar de una mejora de la calidad de la formación y de un refuerzo de la oferta de las especialidades más costosas, requerirá una mayor financiación.

Mejorar la detección de necesidades formativas, reforzando decididamente los vínculos de la formación con la realidad laboral a través de una mayor participación del conjunto del sistema productivo en el diseño de las ofertas de formación. Sin la implicación de las empresas y el acuerdo de las organizaciones de empresarios y trabajadores a través de la negociación colectiva, no es posible identificar y procurar una rápida respuesta a las necesidades presentes y futuras de cualificación.

Hacer “visible” la formación de desempleados, de manera que tanto los destinatarios como las empresas y el conjunto de la sociedad conozcan los criterios, los requisitos, las  posibilidades y la oferta formativa que se ofrece y a la que pueden tener acceso. Esta mayor “visibilidad” de la formación para desempleados requiere varias actuaciones paralelas: difundir objetivos de formación y colocación que impliquen al conjunto de los actores en su definición y consecución; difundir la oferta formativa de manera integrada, si fuera posible para el conjunto del Estado, como sucede en otros países europeos; identificar los recursos formativos al servicio de la formación de los desempleados, dada su dispersión y el riesgo de duplicidades y solapamientos en la oferta; mejorar la estadística, y concretamente las características y los resultados de la oferta formativa para desempleados, facilitando la comparación, la evaluación y la propuesta de medidas correctoras por parte de los investigadores e interesados.

Reclamar del sistema educativo mayor responsabilidad y eficacia a la hora de asegurar las competencias básicas de los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo. En coherencia con las Directrices de la Estrategia Europea 2020, que formula como objetivo reducir la tasa de fracaso escolar por debajo del 10% en esa fecha, parece necesario frenar cuanto antes el flujo de jóvenes que abandonan el sistema educativo sin adquirir las competencias clave para enfrentarse con éxito al mercado de trabajo. En este esfuerzo preventivo del desempleo de larga duración y del subempleo crónico, resulta necesario repensar los procesos y las funciones de la orientación profesional desde el propio ámbito educativo.

Completar la integración de la formación para el empleo de ocupados y desempleados, tanto en su normativa, procedimientos de gestión, ofertas formativas, metodologías, etc., sin perjuicio de la flexibilidad que permita adaptar las acciones formativas a las circunstancias de los alumnos y, particularmente, a los grupos con mayores dificultades.

La oferta formativa hacia los desempleados tiene que fijarse objetivos concretos y evaluables para los distintos colectivos o grupos de desempleados más significativos. El subsistema debería tener objetivos cuantitativos y cualitativos, al menos para los grupos de desempleados más característicos y con mayores dificultades, y trasladar estos objetivos a cada servicio público de empleo para que su programación sea coherente, consecuente, responsable y evaluable en relación con dichos objetivos. la adaptación de la oferta para conseguir objetivos concretos y evaluables para cada grupo de desempleados hace referencia a la capacidad de los servicios públicos de empleo autonómicos de flexibilizar la oferta y adaptarla a dichos grupos prioritarios en cada territorio. En la misma línea, resultaría decisiva la posibilidad de integración y cooperación de la oferta a nivel local, con la participación de actores territoriales, además de los propios servicios públicos de empleo: entes locales, agentes sociales, centros y entidades formativas y, por supuesto, las empresas. Potenciar los programas específicos, y la flexibilidad y adaptación de la oferta para responder a necesidades concretas de las empresas o de personas con necesidades formativas especiales.

La formación para el empleo precisa del desarrollo de sus instrumentos de evaluación y acreditación de la competencia adquirida por los alumnos. Sin ellos, no será posible la evaluación de cada alumno después de cada acción formativa y tampoco el reconocimiento de la formación por parte de las empresas. En este sentido, es fundamental completar el proceso de elaboración e implantación de los certificados de profesionalidad.

Diseño y puesta en funcionamiento del sistema integrado de orientación profesional, previsto en el artículo 31 del Real Decreto 395/2007. Es ésta una pieza esencial en la identificación de las necesidades formativas de cada desempleado y, por consiguiente, en la recomendación e inclusión en el curso que pueda darle una respuesta más eficaz.

La formación para el empleo dirigida a los desempleados requiere también de una mejora de sus elementos cualitativos, como la formación del profesorado, los recursos didácticos, las infraestructuras, la cooperación con las empresas para la formación en centros de trabajo y los contenidos disponibles para el aprendizaje.

Es necesario reforzar el vínculo de la formación de los desempleados con el empleo, es decir, con las empresas. En primer lugar, reforzando el papel de los empleadores en la detección de necesidades y la adecuación de la oferta en cada territorio; en segundo lugar, fortaleciendo la participación de las propias empresas en la formación, a través de la participación en la docencia, ya sea en los centros formativos, ya sea en la formación en el centro de trabajo; en tercer lugar, estableciendo nuevos canales de transición de la formación a la empresa.

La mejora de la formación para los desempleados, como sucede con otros aspectos generales de la formación profesional, requiere también de una apuesta por la mejora de la gobernanza de este subsistema, que desde la máxima coherencia del papel del Estado como coordinador de las políticas activas de empleo y en coordinación con las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Agentes Sociales, y operadores privados de formación, permita establecer objetivos globales y específicos, así como indicadores comunes que permita comparar, evaluar y evolucionar.

En resumen, ya sea en el marco de un nuevo Plan de Formación Profesional, teniendo en cuenta los años transcurridos desde el anterior, ya sea en el ámbito concreto de la formación de los desempleados, parece necesario un acuerdo básico en el marco del Sistema Nacional de Empleo sobre los grandes objetivos, los colectivos prioritarios, la financiación y la reforma del modelo de gestión, teniendo en cuenta la situación del mercado de trabajo y la relevancia de la formación para la mejora de la empleabilidad y la cohesión social en los próximos años.